El miedo: coronavirus, miseria, proceso constituyente e insurrección revolucionaria. Por: Adolfo Paúl Latorre. Abogado. ViñaDelMar. Chile

Estimados amigos:

Roberto Méndez, en una columna publicada en La Tercera de hoy 22 de mayo, bajo el título “El miedo”, dice:
“Son tantas las amenazas que se nos ciernen, que no es fácil discriminar cuál es a la que debemos prestar mayor atención. ¿Es la prioridad el maléfico virus? ¿O es la miseria que la batalla contra la pandemia está generando? Lo aterrador, creo, es que podría no ser ni la una ni la otra. Veamos.
Escuché esta semana a las alcaldesas Evelyn Matthei y Carolina Leitao, mujeres fuertes y luminosas, relatando sus miedos respecto al futuro. En parte se refirieron a sus comunas, pero más que nada al país. Ambas relataron, agobiadas, la durísima coyuntura que enfrentan. Sin embargo, su mayor temor no es el coronavirus, que cobrará muchas vidas, pero pasará, como han pasado las epidemias desde hace siglos. Tampoco es la inminente debacle económica, que finalmente también se recuperará, como ha ocurrido siempre con las crisis de este tipo. Su mayor temor, concordaron, es ese grupo social inmanejable, que se está marginando, saliéndose de la sociedad y de las normas de vida en común, en general jóvenes que no trabajan, no estudian, sin sueños, sin proyecto, excepto la disrupción, destrucción y odio contra un sistema en el cual, así lo creen, no tienen cabida. Algunos, sin nada que perder, optando por el oscuro mundo de la droga y la delincuencia.
Son los que hicieron estallar el país en octubre, azuzados por políticos irresponsables que ven en el caos una oportunidad para imponer proyectos que han fracasado por medios democráticos”.
Después de decir que el gobierno tiene un plan respecto a la pandemia y a la economía, Méndez continúa: “Pero para este sector de la sociedad que se excluye, listo para destruir y quemar, para neutralizar a los irresponsables que los incitan, para eso no hay plan: ni bueno ni malo, simplemente nada. Ahí radica lo que, en acuerdo con las alcaldesas, debiera ser nuestra principal tarea pendiente, la fuente de nuestro verdadero miedo”.

Al leer la precitada columna, vinieron a mi mente algunos escritos del eminente pensador católico Plinio Corrêa de Oliveira los que, estimando que podrían ser de vuestro interés, quisiera compartir con ustedes; a los que agrego algunos de mi autoría relacionados con el tema, a saber:

A. De Plinio Corrêa de Oliveira:
—Trasbordo ideológico inadvertido.
—Revolución y Contra-revolución.
—El caos, la nueva y peligrosa estrategia revolucionaria.

B. De mi autoría:
—Presentación del libro de Gonzalo Rojas Sánchez “Chile en épocas de crisis”.
—Presentación del libro de Gonzalo Ibáñez Santa María “Camino a septiembre”.
—“Los militares: ¿tienen derechos humanos?”. Contiene un anexo titulado: “Derechos humanos: un arma estratégica del comunismo”.
—Insurrección revolucionaria y respuesta con fuerza proporcionada.
—Carta al Director “Militares prisioneros”.

En relación con la revolución, a continuación copio un párrafo del libro de Plinio Corrêa de Oliveira, Revolución y Contra-Revolución (p.152) en el que se refiere al partido Comunista:

<<Odio, lucha de clases, Revolución

Esencialmente, el movimiento comunista es y se considera una revolución nacida del odio de clases. La violencia es el método más coherente con ella. Es el método directo y fulminante, del cual los mentores del comunismo esperaban, con el mínimo de riesgos, el máximo de resultados, en el mínimo de tiempo. El presupuesto de este método es la capacidad de liderazgo de los varios Partidos Comunistas, por medio de la cual les era dado crear descontentos, transformar estos descontentos en odios, articular estos odios en una inmensa conjuración y llevar así a cabo, con la fuerza “atómica” del ímpetu de esos odios, la demolición del orden actual y la implantación del comunismo>>.

Sobre el partido Demócrata Cristiano y su relación con el partido Comunista, en el prefacio del libro Frei, el Kerensky chileno Plinio Corrêa expresó:
“La Democracia Cristiana es por todas partes más o menos la misma. Sus bases son sanas pero políticamente ingenuas. Sus cúpulas son ambiguas. Constituidas habitualmente por elementos que van de un centrismo conservador hasta un izquierdismo extremado, la influencia dominante en ellas jamás es de los derechistas o centristas, sino de los izquierdistas. Estos últimos acaban por arrastrar siempre más hacia la izquierda las cúpulas democristianas, y con las cúpulas también las bases. De este modo, aún blasonándose tales cúpulas de anticomunistas, la mayor parte de sus miembros nada omiten entretanto para tornar más y más conforme con las tendencias o hasta con las doctrinas comunistas todo aquello en lo que ponen sus manos. Pregoneros de la concordia a todo precio, deducen de ahí la conveniencia de un entendimiento cordial y hasta una genuina cooperación con el marxismo”.

A mi juicio, el gran problema que históricamente ha afectado a ese Partido es la pugna entre dos posiciones antagónicas que coexisten en su seno: una inspirada en la doctrina socialcristiana y otra que pretende construir una sociedad socialista. Esta última es la que normalmente ha prevalecido, razón por la que la democracia cristiana va o ha ido en un mismo carro con socialistas y comunistas.

Al respecto, cabría citar las declaraciones de Radomiro Tomic, quien manifestó: “ser democratacristiano hoy como ayer, significa pertenecer a un partido que siempre ha sido de izquierda, porque nació siendo partidario del cambio de las viejas estructuras institucionales minoritarias y de la substitución del agotado orden capitalista y neocapitalista, y así sigue siéndolo”.

Finalizaré este ya extenso mail con algunas reflexiones a modo de conclusión.

A las referidas amenazas, cabría agregar la del proceso constituyente en curso —el que aparte de innecesario adolece de un vicio de nulidad, que ha sido debidamente fundamentado por los abogados Sergio García Valdés y Jorge Reyes Zapata en un manifiesto publicado en El Mercurio de Santiago el 15 de abril—; proceso que obedece al engaño populista y a la demagogia de una izquierda refundacional que trata de encaminar a Chile hacia la instauración de un orden político utópico, animado por ideas trasnochadas, totalitarias y estrepitosamente fracasadas cuando se las ha tratado de implantar en la realidad. Este proceso, en caso de no cancelarse, acarreará la polarización, la división artificial de los chilenos —en circunstancias que la unidad nacional es esencial— y una enorme incertidumbre durante dos años, lo que paralizará las inversiones y congelará los proyectos, afectando severamente al crecimiento y a los niveles de empleo y de bienestar de la población; lo que sería un caldo de cultivo que aprovecharían aquellos mismos que están impulsando la subversión y la insurrección revolucionaria. Al respecto, cabría citar lo dicho hace poco por el senador Jaime Quintana: “El gobierno tiene que escuchar. De lo contrario, generará condiciones para un reestallido social”. Como ha dicho Sergio Muñoz Riveros: “Se trata de una advertencia oblicua: no propiciamos la violencia, pero si no nos hacen caso, vendrán los violentos”.

Si se estimare necesario cambiar la Carta Fundamental actualmente vigente, lo razonable sería que el Congreso no renunciara a su facultad o potestad de «poder constituyente derivado” y elaborara un nuevo texto constitucional, para lo cual podría asesorarse por un grupo de una decena de constitucionalistas prestigiosos, de diferentes sensibilidades políticas; texto que debería ser sometido a un plebiscito para su aprobación por parte de los ciudadanos, que sabrían a qué atenerse. El proceso constituyente en curso que está viciado por haber surgido en una situación de una grave convulsión social y de violencia terrorista —proceso que fue impuesto por una minoría con una movilización violenta como elemento de chantaje; “por las malas” según las palabras de Fernando Atria— y que en caso de ganar el “apruebo” partiría de una “hoja en blanco”, sería un «salto al vacío sin paracaídas»; sin tener claro lo que viene después.

Si las autoridades que tienen el mandato constitucional de resguardar el orden público no cumplen con esa función esencial y no combaten la violencia delictual y el terrorismo con todos los medios disponibles —políticos, económicos y materiales, incluido por cierto el uso de la violencia física legítima del Estado—, dicho orden y la economía podrían colapsar y con ello, como en el pasado, el orden institucional de la República y la democracia.

Es un precepto fundamental de la política saber prever lo peor y tener la capacidad para impedir que ocurra.

Cordiales saludos.

Adolfo Paúl Latorre

REMISIÓN:
De: Adolfo Paúl Latorre adolfopaulabogado
Date: vie., 22 de may. de 2020 a la(s) 19:12
Subject: El miedo: coronavirus, miseria, proceso constituyente e insurrección revolucionaria

Plinio Corrêa de Oliveira Trasbordo ideológico inadvertido y DIALOGO Madrid, 1971

Revolución y Contra-Revolución. Plinio Correa de Oliveira.pdf

Presentación libro Gonzalo Rojas. Final con notas. 3 Dic.2015 Castillo Wulff.pdf

-CVD Los militares ¿tienen DD.HH._ 29 Ago. 2019 Hotel O’Higgins. FINAL con anexo.pdf

-Presentación libro Gonzalo Ibáñez. Camino a Septiembre 5 Dic 2019 (con notas).pdf
MILITARES PRISIONEROS (17 abril 2020) PUBLICADA.pdf

Club de los Viernes. Insurrección revolucionaria y respuesta con fuerza proporcionada.pdf

MILITARES PRISIONEROS. Por: Adolfo Paúl Latorre. Abogado. Viña del Mar. Chile.

MILITARES PRISIONEROS [1]   

No podemos callar ante la inicua persecución política en sede judicial de la que están siendo víctimas los militares, carabineros y policías que se vieron obligados a afrontar la violencia revolucionaria de fines del siglo pasado y que salvaron a Chile de caer bajo las garras de un régimen político totalitario; que es lo mismo que persiguen quienes están llevando a cabo un proceso de insurrección revolucionaria en nuestra patria (proceso que actualmente se halla “en pausa», debido a la pandemia del coronavirus).

Lamentablemente, las escasas personas que se atreven a denunciar públicamente la referida persecución, dentro del ámbito de una justicia prevaricadora, son objeto de la “estrategia del silencio” —nadie publica ni refuta las verdades que denuncian—, lo que sumado a la enorme campaña comunicacional de los sectores de izquierda y a la pusilanimidad o cobardía de los de derecha (y a su complicidad, en muchos casos), ha logrado hacer creer a la mayor parte de la población —especialmente a los jóvenes que no vivieron el desastre de la Unidad Popular— que los militares presos son culpables de graves crímenes —de “delitos de lesa humanidad”, como se repite majaderamente por moros y cristianos (mentira que de tanto repetirse ha pasado a convertirse en verdad)— y que fueron justamente condenados al término de un debido proceso legal.

Este proceso de desprestigio y de destrucción moral de las FF.AA. y Carabineros, sumado al «discurso de los derechos humanos» —que es un arma estratégica del comunismo para inhibir a las autoridades de gobierno a hacer uso de la violencia legítima del Estado, a fin de cumplir con sus funciones u obligaciones esenciales de conservación del orden público, de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y de promover el bien común—, tiene como propósito eliminar la resistencia que le podrían presentar tales cuerpos armados a los insurrectos (subversivos, anarquistas, narcotraficantes, “barras bravas”, vándalos, guerrilleros, terroristas, etc.) —como ocurrió en 1973— y así allanarles el camino para el cumplimiento de sus diabólicos designios sin mayores obstáculos.

Los insurgentes podrían alcanzar sus objetivos de lograr el poder total incluso sin hacer uso de las armas que tienen en su poder y que están guardadas «por si las moscas» —como dijo Luis Corvalán Lepe, secretario general del Partido Comunista de Chile—, puesto que los militares y carabineros están sometidos a unas Reglas de Uso de la Fuerza tan absurdas y restrictivas (según el decreto que las establece los militares solo podrán usar sus armas de fuego en legítima defensa y en el caso de que recintos militares o instalaciones de la infraestructura crítica sean atacados por “personas que utilicen o se apresten a utilizar armas de fuego u otras armas letales”) que prácticamente no pueden hacer uso de armas letales —única forma de vencer a quienes no se les puede convencer con razones—; lo que los deja sin capacidades disuasivas o represivas. Así, al no tener nada que constituya una resistencia efectiva, los subversivos y terroristas quedan con una amplia libertad de acción para saquear, incendiar y destruir el país. A lo anterior se suma la renuencia de los miembros de los cuerpos armados para usar sus armas por el temor a que después de pasada la emergencia sean sometidos a simulacros de juicio y condenados a severas penas de presidio por “violar los derechos humanos”, como le ha ocurrido a quienes los precedieron. Estamos ante una “tormenta perfecta”.

Recientemente fue promulgada una ley de indulto general conmutativo, en la que se excluyó a los militares, carabineros y policías que cumplían con los requisitos generales, porque estaban condenados por “delitos de lesa humanidad” y que según el derecho internacional quienes estaban privados de libertad por tal clase de delitos no podían ser ni amnistiados ni indultados ni favorecidos con otro tipo de beneficios. Esto no es efectivo, aparte de inhumano; puesto que ellos, en su mayoría, están gravemente enfermos, no pueden valerse por si mismos (deben ser auxiliados por sus compañeros de celda hasta para ir al baño) y ni siquiera saben en qué mundo viven.

Tal argumento fue avalado por la mayoría de los ministros del Tribunal Constitucional. Si bien los “delitos de lesa humanidad” son imprescriptibles, lo cierto es que no existen normas de derecho interno ni de convenciones o de tratados internacionales —ni siquiera en aquellos que se refieren específicamente a esa clase de delitos— que establezcan que tales delitos son inamnistiables —es decir, que prohíban el perdón entre hermanos— o inindultables y que los condenados por esos delitos no pueden ser objeto de beneficios;

Por otra parte, en Chile no existen personas condenadas por “delitos de lesa humanidad”, puesto que ningún hecho delictivo cometido antes del 18 de julio de 2009 puede ser calificado como delito de lesa humanidad, ya que tal clase de delitos fue tipificada por la ley 20.357 que entró en vigor el 18 de julio de 2009 y por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (que entró en vigor en Chile el 1 de septiembre de 2009); instrumentos jurídicos que disponen, expresamente, que no pueden ser aplicados retroactivamente. Además, los hechos que les han sido imputados a los militares no cumplen con el requisito del tipo penal “lesa humanidad”; pues no fueron cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, sino que contra combatientes armados y entrenados militarmente que actuaban según el concepto, las reglas y el método de la guerra revolucionaria o de la insurrección popular armada; es decir, contra personas determinadas o grupos específicos armados que llevaban a efecto una cruenta guerra subversiva. Los terroristas y guerrilleros urbanos o rurales no eran “población civil”, sino que combatientes de un ejército irregular vestidos de civil que estaban dispuestos a matar y a morir por la revolución y que cayeron dentro del marco de la guerra subversiva, lo que es muy diferente.

A lo anterior cabría agregar que los militares, carabineros y policías que están cumpliendo penas de presidio fueron condenados por supuestos hechos reprochables cometidos por motivaciones políticas durante una época de enorme convulsión social y que en una situación de normalidad no habrían ocurrido; es decir por «delitos políticos», no comunes ni de lesa humanidad.

Nos parece bien que los militares, carabineros y policías que están cumpliendo penas privativas de libertad no hayan sido incluidos en el referido proyecto de indulto general conmutativo —que conmuta la pena de presidio por arresto domiciliario total; que es, igualmente, una pena privativa de libertad—, por cuanto no se aprecian motivos de política criminal que exijan o que justifiquen que tales personas —que con riesgo de sus vidas debieron afrontar la violencia revolucionaria, el terrorismo y la cruenta guerra subversiva de los años 70 y 80— deban terminar de cumplir sus condenas bajo un régimen de encierro. A ellos debería concedérseles el indulto pleno respecto de la parte de la pena que no haya sido ya cumplida.

Lo antedicho se fundamenta en el hecho de que los militares que están cumpliendo penas privativas de libertad fueron condenados: a) Por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes; tales como la de amnistía (D.L. 2191 de 1978), las relativas a la cosa juzgada, a la prescripción de la acción penal, etc.; b) Violando numerosas garantías constitucionales, tales como el principio de legalidad o el de igualdad ante la ley; c) Sin respetar el derecho humano a un debido proceso, lo que en cualquier país civilizado es razón suficiente para declarar nula la sentencia; d) Por cumplir órdenes que no podían desobedecer y siendo muy jóvenes en la época en que ocurrieron los hechos; e) Sin estar debidamente acreditados los delitos —sobre la base de presunciones, “ficciones jurídicas” y otras artimañas— y existiendo dudas razonables de que realmente hubieren cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él les hubiere correspondido una participación culpable y penada por la ley; f) Por hechos reprochables cometidos por motivaciones políticas durante una época de enorme convulsión social y que en una situación de normalidad no habrían ocurrido; es decir por «delitos políticos», no comunes o “de lesa humanidad”; g) Aplicando retroactivamente normas legales o de tratados internacionales dictadas con posterioridad a la ocurrencia de los hechos; h) Aplicando tratados o convenios internacionales que no han sido ratificados por Chile o interpretándolos torcidamente (por ejemplo, que los militares prisioneros no han cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 110 del Tratado de Roma la Corte Penal Internacional para ser elegibles al beneficio del indulto; en circunstancias que dicho artículo se refiere a la reducción de la pena, institución jurídica ajena a los indultos conmutativos o a los beneficios carcelarios); i) Siendo inocentes de los delitos que les fueron imputados, estando libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal; j) Sin que constituyan un peligro para la sociedad.

Finalmente cabría agregar que el Presidente de la República tiene, y lo ha tenido tradicionalmente, la facultad para otorgar indultos particulares; facultad que apunta a abrir espacio a la misericordia por razones humanitarias, a corregir el error judicial y a rectificar sentencias injustas o dictadas contra leyes expresas y vigentes.

Especialmente por esto último, por la oposición de los sectores de izquierda —que son mayoría en el Congreso y que se oponen a la dictación de cualesquiera norma legal que beneficie a los militares; las que sí han sido dictadas profusamente para favorecer a terroristas que han cometido gravísimos crímenes— y por las razones precitadas, el presidente Piñera debería hacer uso de tal facultad e indultar a todos los militares, carabineros y policías que están privados de libertad o, en el peor de los casos, conmutarles la pena por la libertad condicional.

Viña del Mar, 17 de abril de 2020.

[1] Artículo elaborado sobre la base de las siguientes publicaciones del autor: Política y Fuerzas Armadas, El Roble, segunda edición, abril de 2015, 580 páginas; Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades, El Roble, tercera edición, marzo de 2015, 761 páginas; Prevaricato. Análisis crítico de procesos judiciales contra militares que debieron afrontar la violencia revolucionaria, El Roble, primera edición, septiembre de 2017, 194 páginas; La disposición constitucional octava transitoria es inconstitucional, El Roble, primera edición, mayo de 2018, 200 páginas.

REMISIÓN: De: Adolfo Paúl Latorre adolfopaulabogado@gmail.com Date: vie., 17 de abr. de 2020 a la (s) 14:55  Subject: MILITARES PRISIONEROS. Estimados amigos:  Para vuestro conocimiento y difusión urbi et orbi, si lo estimasen  conveniente. Cordiales saludos. Adolfo Paúl Latorre.

IMAGEN SUPERIOR: Por cortesía de EL ONCE DE UN GRAN MES

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